“Nuestro informe sobre los cuatro años de su mandato reforzará las acciones que ya han sido presentadas por el movimiento indígena ante el Tribunal de La Haya para inculparlo como genocida“. La antropóloga Lucia Helena Rangel ha coordinado el informe anual ‘Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil’ del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), y no tiene dudas sobre la responsabilidad del presidente Jair Bolsonaro en la muerte de 795 integrantes de los pueblos originarios entre 2019 y 2022.
Durante los años que gobernó la ultraderecha se incrementó un 83% la cantidad de asesinatos. Un total de 3.552 niños perdieron la vida en sus aldeas, principalmente por falta de atención sanitaria. Mientras Bolsonaro estuvo en el poder se multiplicaron por seis los episodios de disputas violentas de tierras ancestrales en comparación con las gestiones precedentes de Dilma Rousseff y Michel Temer. Las regiones más afectadas fueron Mato Grosso do Sul y Roraima, donde los guaranís kaiowas y yanomamis fueron particularmente golpeados por los ataques armados y la invasión de mineros del oro.
Todo eso está recopilado al detalle en el informe. Las casi 300 páginas que integran el texto de esa organización ligada a la Iglesia católica suponen, según Rangel, una fuerte prueba acusatoria contra el excapitán del Ejército, quien ha perdido por ocho años el derecho a ejercer cargos públicos por haber mentido sobre la falta de transparencia del sistema electoral y enfrenta además varias causas judiciales.
Y no solo se arroja luz en esas páginas sobre los asesinatos sino la proliferación de hechos de violencia, entre ellos las amenazas de muerte, los linchamientos y laviolación, como le sucedió a una yanomami de 12 años, ultrajada y más tarde asesinada por ‘garimpeiros’, como se conocen a los buscadores ilegales de oro.
Racismo de vieja data
En sus días de diputado, Bolsonaro hizo gala de su manifiesto desprecio por las comunidades originarias. “Cada vez más el indio es un ser humano como los blancos”, llegó a decir al asumir la presidencia. En su Gobierno, se acortó la distancia entre las palabras racistas y los hechos que materializaron las pulsiones racistas. Detrás de la mirada suprematista se escondió siempre una cuestión económica, la necesidad de expandir la frontera del negocio agropecuario o la extracción ilegal de oro. Así lo hace saber el informe: “La intensidad y gravedad de esos casos no pueden comprenderse fuera del contexto de la descomposición de la política indigenista y de los órganos de protección ambiental”.
De hecho, fue el propio excapitán del Ejército quien ejerció la voz cantante de rechazo a una reivindicación histórica de las comunidades: la demarcación de los territorios. “Ni un centímetro más”, se jactó Bolsonaro. La bravata se tradujo en acciones de desamparo concretas. Solo en 2022, el último año de la ultraderecha, se registraron 309 casos de invasión de tierras, en muchos casos a cargo de hombres armados en nombre de los terratenientes o traficantes de oro. Sobre la base de esas relaciones de fuerza asimétricas se explotaron ilegalmente los recursos. El propio mandatario se hizo presente en la mina ilegal en la tierra indígena Raposa Serra do Sol para respaldar tácitamente la actividad que se llevaba a cabo en una reserva indígena.
Casos de repercusión internacional
Las muertes de los integrantes de esas comunidades fueron por lo general invisibilizadas. Cuando estuvo en juego la vida de un periodista británico, como sucedió con Dom Philips, el crimen tuvo relevancia dentro y fuera de Brasil. Philps y el indigenista Bruno Pereira fueron descuartizados el año pasado en el Valle del Yavarí.
Algunos de los episodios detallados en el informe comenzaron a conocerse tras la asunción de Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva. Ese fue el caso de los indígenas yanonami, en el norte del país, en la frontera con Venezuela. De acuerdo con el Cimi, un total de 3.552 menores fallecieron por causas evitables como diarrea, fiebre, neumonía o desnutrición. “Ha habido un debilitamiento de los equipos que prestan servicios de atención primaria en las comunidades. Pasaron a trabajar de forma rotativa, sin control de embarazadas, niños, aquejados de lombrices o enfermedades respiratorias”, dijo a ‘Folla de San Pablo’ Roberto Liebgott, también coordinador de la organización.
Los infortunios de los yanonami están directamente relacionados con la explotación del oro. El Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) se ha propuesto expulsar a los garimpeiros de las tierras ocupadas. Las operaciones que se han llevado a cabo para despejar esas zonas han mostrado la compleja trama económica y política que ha permitido el sostén de la minería ilegal por tantos años.
Fuente: El Periodico
