La Policía Federal (PF) de Brasil presentó este viernes cargos formales contra el ex ministro de Justicia Anderson Torres y otras cinco personas, acusándolos de interferir en el voto de los partidarios del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
Entre los acusados se encuentra también el ex director general de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques, ambos estrechamente vinculados al gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro.
De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, los imputados habrían actuado para obstaculizar el acceso de los votantes a los colegios electorales. Estas acciones incluyeron bloqueos en las carreteras, llevados a cabo por la PRF, sin que se implementaran medidas para garantizar el libre tránsito de los electores.
Anderson Torres, quien previamente estuvo en prisión preventiva por su presunta participación en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes del Gobierno, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal en Brasilia, fue liberado en mayo. El ministro Alexandre de Moraes determinó en ese momento que no había motivos suficientes para mantenerlo detenido.
Por su parte, Silvinei Vasques, detenido hace un año por su supuesta interferencia en las elecciones a favor de Bolsonaro, también fue liberado recientemente. Moraes revocó su prisión preventiva, considerando que los argumentos que justificaron su encarcelamiento ya no eran aplicables al caso.
Estas acusaciones se enmarcan en un contexto de alta polarización política en Brasil, exacerbada tras los incidentes del 8 de enero de 2023. Aquel día, miles de seguidores de Bolsonaro, descontentos con su derrota electoral, irrumpieron violentamente en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, un hecho sin precedentes que sacudió al país y destacó el rol de los militares en el gobierno anterior.
Al cumplirse un año de estos acontecimientos, 66 de las aproximadamente 1.900 personas detenidas en esa jornada seguían en prisión, con solo 30 condenadas hasta la fecha.
La operación ‘Lesa Patria’, en el marco de la cual se realizaron muchas de estas detenciones, se ha centrado particularmente en quienes habrían financiado e instigado el ataque.
Entretanto, un tribunal de segunda instancia de Brasil validó la semana pasada el indulto que el entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) le concedió a los policías condenados por la matanza carcelaria de Carandiru, la mayor de su tipo en la historia del país y en la que murieron 111 presos en octubre de 1992.
El Tribunal de Justicia de Sao Paulo consideró constitucional el indulto concedido por Bolsonaro en diciembre de 2022, en los últimos días del mandato del líder ultraderechista, y que había sido suspendido cautelarmente por la Corte Suprema en enero de 2023 a petición de la Fiscalía.
Pese al alegato de la Fiscalía de que la medida era inconstitucional por atentar “contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional público”, los miembros del Órgano Especial del Tribunal, por 18 votos a favor y 6 en contra, consideraron que el indulto no viola ni la Constitución ni la legislación penal.
La mayoría de los magistrados concluyó que los crímenes fueron practicados hace más tres décadas, en una época en que este tipo de delito no era considerado como “hediondo” por el código penal.
La Constitución establece que los autores de “crímenes hediondos” no pueden ser beneficiados con indultos o perdones.
El decreto redactado por Bolsonaro para conceder el indulto prevé específicamente el perdón para policías condenados “por hechos ocurridos hace más de 30 años” y que “no eran considerados hediondos en el momento de su práctica”, lo que fue interpretado como una medida destinada específicamente a beneficiar a los autores de la matanza carcelaria.
